MAITE MARTÍNEZ.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha ha confirmado la condena al Ayuntamiento de Albacete que deberá indemnizar a un vecino de la calle Tejares con 25.000 euros por los daños y molestias por ruidos y olores que viene soportando desde que hace unos ocho años abrió sus puertas un pub debajo de su casa.

A lo que no han accedido los magistrados de la sala de lo contencioso-administrativo es a elevar la indemnización, tal y como pidió el afectado en el recurso de apelación que interpuso a la sentencia dictada hace ahora casi dos años por el juzgado número 2, donde reclamaba una indemnización de 210.000 euros, cantidad en la que había valorado su vivienda y los daños, físicos y morales, sufridos por él y su esposa.

Igual que en la primera sentencia, ahora el Tribunal Superior de Justicia alega para no aumentar la indemnización que «quien ha litigado en todo momento» ha sido el afectado, y no su esposa, y que éste no «puede atribuirse su representación».

Indemnización «ajustada»

Así, los magistrados entienden «ajustada» la «cuantificación del daño» en esos 25.000 euros y creen que «no cabría indemnizar por el valor de la vivienda [...]sin que la misma se haya vendido, ni al parecer intentado vender, ni conocer con fehaciencia el valor de mercado que pudiera tener». No obstante, en la propia sentencia, admiten que es difícil valorar los daños causados en un asunto de este tipo.

El Ayuntamiento de Albacete fue condenado como responsable de la «violación constante» de la «intimidad personal y la de la familia» del afectado, ante su «ausencia de actuación» para evitar las molestias que padecían. El juez reprochó a la administración local que consintiera que el establecimiento funcionase sin licencia de apertura durante dos años, existiendo ya denuncias por ruidos y vibraciones, que incluso fueron constatadas por la Policía Local que comprobaron que se superaban los 30 decibelios permitidos como máximo.

Al Tribunal Europeo

Sólo en 2003, y ante las continuas denuncias, se abrió expediente al local que fue sancionado con un mes de cierre, periodo tras el cual las molestias continuaron, dando lugar a que el afectado y su mujer llegaran a estar de baja laboral y en tratamiento psiquiátrico por los ruidos que venían soportando desde el 2001. En 2004, el afectado, harto de la situación, llevó el asunto a los tribunales. Y ahora, tras las dos sentencias dictadas, parece dispuesto a seguir pleiteando pues no le convence el «resultado final», ya que, en su opinión, «el infractor sale mejor parado que la víctima».

Lo que más ha enfadado a este vecino, que prefiere preservar su identidad, no es sólo que no se aumente la indemnización que percibiría, sino que ahora le tocará pagar las costas de este segundo pleito al no haber sido estimado su recurso; un gasto que, sumado a las pruebas periciales que ya ha tenido que costear, le llevará a «tener que poner dinero de mi bolsillo para hacer frente a todos los pagos». Por eso ahora, este vecino, que dice llevar ocho años «padeciendo un infierno, como es la tortura por ruido y la tortura psicológica de sentirme ninguneado por el Ayuntamiento y ahora también por la administración de Justicia», no descarta llevar el asunto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

«Parece ser que no dejarnos vivir en nuestra propia casa, tener que acotar parte de nuestra vivienda por olores, tener que medicarnos ya durante cinco años para intentar llevar el día a día, no poder tener hijos por esa medicación, son cosas insignificantes para la Justicia», se lamenta este afectado por el ruido.

---

Fuente: La Verdad, 25-6-2008