Albacete Contra el Ruido señala que se están aprobando Ordenanzas con límites muy elevados en localidades como Alcaraz, Chinchilla o La Gineta. Ordenanzas que permiten los 35 decibelios en zonas residenciales dejan sin protección a los ciudadanos. La asociación Albacete Contra el Ruido estudia llevar este asunto a la institución de la Defensora del Pueblo.


17-4-2006.

MAITE MARTÍNEZ/ALBACETE

Ordenanzas que se supone nacen para proteger a los vecinos del ruido, pero que terminan dando cobertura legal a los más escandalosos.

Este fenómeno ha sido detectado por Albacete Contra el Ruido (ACR), que estudia dirigirse a la Defensora del Pueblo de Castilla-La Mancha para plantearle esta cuestión.

«Algunos pueblos están aprobando ordenanzas que son demenciales», dice el presidente, Francisco Sánchez Sahorí, que explica que en algunos ayuntamientos se está dando luz verde a un texto legal «tipo» que permite hasta 35 decibelios de ruido en el interior de los domicilios, «cuando nosotros estamos luchando para que en algunas ciudades se baje a 25 decibelios y la propia Organización Mundial de la Salud reconoce que por encima de 30 decibelios en una casa no se puede dormir». Sin ir más lejos, en Albacete capital, la normativa vigente fija el límite en 25 decibelios en zonas residenciales, recuerdan.

«Legalizar el ruido»

La asociación ha detectado al menos tres casos en la provincia, son los ayuntamientos de Alcaraz, Chinchilla y La Gineta, aunque tratan de averiguar si hay alguno más. «Con estas ordenanzas están legalizando el ruido», sentencia Sánchez Sahorí, «porque si se te toca vivir junto a una actividad que provoque estos 35 decibelios en tu casa, lo único que puedes hacer es cruzarte de brazos, ya que el ayuntamiento lo permite».

Algunos casos son paradigmáticos, explican desde la asociación, citando el municipio de Alcaraz. A raíz de una queja vecinal, la Defensora del Pueblo instó al Ayuntamiento de Alcaraz a elaborar una ordenanza contra el ruido, pero al fijar el límite en 35 decibelios «esa ordenanza no sirve para nada, porque el límite es dañino».

Además, Sánchez Sahorí explica que pasar de 30 a 35 decibelios es más grave de lo que parece, «el sonido se duplica cada tres decibelios, por tanto, 33 decibelios es el doble que 30, por tanto, con estas ordenanzas se está permitiendo dos veces más de lo que sería aconsejable».

A la indefensión que se crea con este tipo de normativas se suma otro problema, indican desde la asesoría legal de esta asociación, como es el hecho de que muchos ayuntamientos no están dotados del instrumental necesario para medir las vibraciones, de ahí que tengan que recurrir al servicio de Medio Ambiente de la Diputación. Lo que sucede es que los propios vecinos no pueden reclamar directamente este servicio, sino que deben hacerlo a través de los ayuntamientos, con lo cual «están más indefensos».

300 quejas y consultas

El aumento de las quejas llegadas desde zonas rurales ha llamado mucho la atención en Albacete Contra el Ruido en los últimos tiempos. La asociación recibió a lo largo del año pasado unas 340 quejas y consultas de toda la provincia. Cuando alguien se pone en contacto con ellos, tratan de ofrecerles asesoramiento sobre qué hacer, en ocasiones interceden ante los ayuntamientos y, en otros casos, directamente los derivan a la asesoría jurídica para que acudan a los tribunales.

La primera fuente de quejas por ruido son los establecimientos de ocio. En Albacete capital la infracción más habitual, explica Sánchez Sahorí, es la «manipulación» de los limitadores que se colocan en los establecimientos, «en estos casos, lo que se hace es avisar a la Patrulla Verde que inspecciona y sanciona, aunque algunos maltratadores acústicos se las saben todas y cuando huelen una sanción llegan a traspasar el pub para evitarla». En los pueblos es más difícil, sobre todo, si carecen de ordenanza «porque estos locales ni se insonorizan y lo que era un bar con paredes de yeso se transforma en un pub o discoteca». También han recibido alguna queja, aunque más puntual, de ruido provocado por restaurantes donde se celebran bodas, «porque contratan a orquestas para hacer baile, pese a que el reglamento de policía de espectáculos no lo permite». Las quejas por ruidos provocados por los vecinos también «van en aumento», mientras que las causadas por actividades industriales «son más anecdóticas».

A la espera de nueva norma en la capital

M. M. B./ALBACETE

Hace tres años, el Foro de la Participación, a instancias de Albacete Contra el Ruido, pidió una nueva ordenanza que ponga al día la lucha contra la contaminación acústica en la capital, pues a día de hoy está regulada por la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente (OMMA) que fue aprobada en 1992.

«En el Ayuntamiento nos dicen que está en fase de redacción, va muy lenta, aunque esperemos que la demora merezca la pena porque al final se presente un texto que sea efectivo y ataje de verdad los problemas que hay», explicaba el presidente de Albacete Contra el Ruido, Francisco Sánchez, aunque ya adelantó que «por lo que nos han insinuado en los últimos contactos es muy posible que no esté para este mandato».

Que se regule el botellón

M. M. B./ALBACETE

Molestias ruidosas causadas por el botellón es un «problema bastante generalizado», dice el presidente de Albacete Contra el Ruido, Francisco Sánchez, que asegura que en la asociación reciben quejas vecinales de los sitios más insospechados, aunque las más frecuentes vienen de la zona del campus. Este colectivo viene reclamando, no ya que se prohíba el consumo de alcohol en la calle, pero sí que se regule «el uso de la vía pública y, por tanto, que se prohíban concentraciones de jóvenes en las calles de residentes y donde puedan ocasionar daño al medio ambiente».

«Igual que se dice que una calle es dirección prohibida, pues que se impidan estas concentraciones», argumenta Sánchez Sahorí, que dice no entender porque el Ayuntamiento se muestra tan «remiso» a regular esta cuestión.

«Quienes no quieren prohibir esta práctica son los que deben dar sus razones, nosotros ya estamos cansados de dar argumentos», dice, al tiempo que añade «si alguien entiende que el botellón tiene una utilidad pública debería dar sus razones, nosotros no entramos en sí se deben hacer o no botellódromos, pero no es de recibo que esta práctica esté causando daños a terceros».

Fuente: La Verdad de Albacete, 17-4-2006